La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia aprobó el estado de emergencia declarado en febrero por el gobierno nacional. Sin embargo, la aprobación está condicionada: solo se aplicará a los 181 municipios identificados como de riesgo por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta decisión busca equilibrar la capacidad de respuesta del gobierno ante situaciones de crisis con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Corte enfatizó la necesidad de focalizar los recursos y las medidas de emergencia en las áreas verdaderamente afectadas. La validación del estado de emergencia permite al gobierno acceder a herramientas extraordinarias para atender las necesidades de las poblaciones vulnerables. La Ungrd deberá garantizar la correcta identificación y actualización de los municipios en riesgo. La decisión judicial busca asegurar que el estado de emergencia no se utilice de manera generalizada, sino de forma precisa y justificada.