El senador Iván Cepeda denunció que Antonio Guerra de la Espriella, un excongresista condenado por corrupción y presunto familiar del presidente, fue trasladado a una guarnición militar en Sucre. Cepeda argumenta que este movimiento contradice las promesas de transparencia y fin de los privilegios penitenciarios especiales hechas por el actual gobierno. El Ministerio de Justicia de Colombia ha respondido a la denuncia, aclarando la situación del traslado. La controversia radica en si este traslado constituye un beneficio injustificado para el excongresista, dado su historial criminal. La decisión ha levantado dudas sobre la aplicación equitativa de la ley y el compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción. El debate se centra en la naturaleza de la guarnición militar como un posible centro de detención o un lugar que ofrece condiciones más favorables que las de una prisión ordinaria.