La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un proceso de investigación contra siete embajadores debido a su presunta participación en actividades políticas. Esta medida busca determinar si los diplomáticos vulneraron la neutralidad requerida para sus cargos. Como parte del proceso, los funcionarios implicados tendrán la oportunidad de rendir su versión libre. Paralelamente, el organismo de control avanza en la recolección de pruebas pertinentes al caso. La magnitud de estas indagaciones es considerable, ya que afecta a un tercio del gabinete diplomático. El proceso se desarrolla bajo los marcos legales de supervisión administrativa y disciplinaria. Se espera que las diligencias esclarezcan el grado de involucramiento de los embajadores en la política interna.