La Corte Constitucional de Colombia otorgó al Gobierno un plazo de 30 días para presentar sustentos detallados sobre el impacto fiscal de la reforma pensional. Esta decisión se produce luego de que el alto tribunal ya hubiera declarado exequible la mayor parte de la reforma, aproximadamente el 90% de su articulado. La corte busca una mayor claridad sobre las implicaciones financieras de la normativa. La reforma pensional ha sido objeto de intenso debate en Colombia, con preocupaciones sobre su sostenibilidad y efectos en los pensionados. El Gobierno deberá demostrar cómo planea mitigar cualquier impacto negativo en las finanzas públicas. Esta solicitud de información busca asegurar una implementación responsable y transparente de la reforma. Se espera que la respuesta del Gobierno aclare los aspectos fiscales y permita una evaluación completa de la medida.

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