La Contraloría General de la República ha determinado un hallazgo fiscal significativo de $824.960 millones de pesos contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta determinación se deriva de la inoperatividad del Contrato de Concesión 4G de Iniciativa Privada Chirajara – Fundadores. La auditoría reveló fallas en la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos contractuales asociados a este importante corredor vial. El hallazgo se centra en la falta de operación efectiva de la concesión, generando pérdidas financieras considerables para el Estado. La Contraloría continuará investigando para determinar las responsabilidades individuales y colectivas en este caso. Se espera que se tomen medidas correctivas para mitigar el impacto financiero y asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos. Este incidente plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión de proyectos de infraestructura vial en Colombia.