China ha implementado nuevas regulaciones de "seguridad nacional" que otorgan a las autoridades un amplio marco legal para supervisar y potencialmente influir en las inversiones y movimientos de personal fuera de sus fronteras. Anunciadas inicialmente el 1 de junio, estas normas representan una expansión significativa del control estatal sobre el flujo de capitales. El gobierno chino busca salvaguardar lo que considera intereses de seguridad nacional, revisando cuidadosamente las inversiones realizadas por entidades chinas en el extranjero. Estas reglas también pueden afectar la transferencia de tecnología y conocimientos sensibles. Se espera que las medidas tengan un impacto considerable en las empresas extranjeras que operan en China y en las inversiones chinas a nivel global. El alcance exacto de estas regulaciones y su implementación aún se están aclarando, pero indican una tendencia hacia un mayor escrutinio estatal.