China ha reforzado su política ambiental responsabilizando de por vida a los funcionarios por daños ecológicos graves ocurridos durante su mandato. Las nuevas regulaciones, publicadas conjuntamente por el Partido Comunista y el Consejo de Estado, vinculan el desempeño ambiental a las evaluaciones de rendimiento de los funcionarios. Esta medida busca asegurar un crecimiento económico de mayor calidad y más sostenible a largo plazo. Los funcionarios serán considerados responsables incluso después de jubilarse o ser transferidos, enfatizando la seriedad del compromiso. Las sanciones por incumplimiento incluyen medidas disciplinarias, demostrando una firme postura contra la degradación ambiental. El gobierno chino busca con esto un cambio cultural en la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales.