El gobierno chileno enfrenta críticas por indicaciones a la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estas modificaciones, según expertos, podrían aumentar la judicialización de proyectos de inversión. Las indicaciones se centran en la reducción de plazos y la simplificación de procesos de evaluación ambiental. Críticos argumentan que esto podría comprometer la protección del medio ambiente y los derechos de participación ciudadana. Existe preocupación de que la falta de rigor en la evaluación aumente las impugnaciones legales y paralice proyectos importantes. La controversia se centra en el equilibrio entre promover la inversión y garantizar la sostenibilidad ambiental. CIPER Chile reporta que estas indicaciones generan incertidumbre y podrían afectar la estabilidad jurídica de los proyectos.