El gobierno de José Antonio Kast está revisando las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas durante las protestas sociales de 2019, conocidas como el "estallido social". La revisión se intensificó tras la detención de un beneficiario de estas pensiones por cargos relacionados con narcotráfico. Esta medida se enmarca en la política del gobierno, que califica los eventos de 2019 como un período de delincuencia. La revisión busca evaluar los beneficios fiscales asociados a estas pensiones y determinar si fueron otorgados correctamente. El gobierno no ha especificado cuántas pensiones están siendo revisadas ni los criterios exactos que se están utilizando. La decisión ha generado controversia, con críticos argumentando que se trata de una revictimización de quienes sufrieron durante las protestas. La administración Kast defiende la medida como una forma de asegurar la correcta administración de los recursos públicos.