El gobierno chileno enfrenta críticas generalizadas por la implementación de un estado de excepción de seguridad pública vinculado a su propuesta de reforma constitucional. Adicionalmente, se ha decretado un estado de catástrofe en la comuna de Tocopilla, presumiblemente debido a problemas de seguridad. Paralelamente, el caso Sartor avanza en los tribunales, con el ex director de la PDI, Héctor Clark, y otros imputados quedando bajo prisión preventiva. Esta decisión judicial se toma en el contexto de investigaciones sobre presuntas irregularidades y obstrucción a la justicia. La combinación de estos eventos –estado de excepción, catástrofe local y avances en un caso de alto perfil– subraya un período de tensión política y legal en Chile. Las críticas apuntan a la amplitud de las medidas de seguridad y sus implicaciones para las libertades civiles. Se anticipan debates continuos sobre el uso de estados de excepción y su impacto en el estado de derecho.