El gobierno chileno ha otorgado indultos a militares y policías condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019. Estos indultos se refieren a casos de violencia institucional, generando una fuerte controversia y acusaciones de un ataque al estado de derecho. Sectores de la derecha política apoyan las medidas, argumentando la necesidad de proteger a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la oposición denuncian la impunidad y el retroceso en la justicia para las víctimas. La decisión ha reabierto viejas heridas y cuestiona la independencia de los poderes del Estado. Se argumenta que estos indultos envían un mensaje de falta de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos. La situación ha provocado protestas y un debate nacional sobre la memoria, la justicia y la reparación a las víctimas.