El Presidente chileno ha firmado un proyecto de ley que establece sanciones para los padres por los delitos cometidos por sus hijos menores de edad, generando debate sobre la responsabilidad parental. Paralelamente, el gobierno ha manifestado su apoyo a una moción legislativa que permitiría la designación de 57 notarios públicos basándose en una ley de años atrás, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la modernización del sistema. En otro ámbito, el gobierno también ha admitido la presentación de una querella criminal contra el exgobernador de La Araucanía, región austral del país. Estas acciones se producen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer el estado de derecho. La ley de notarios busca agilizar procesos legales, mientras que la querella contra el exgobernador se relaciona con presuntas irregularidades en su gestión. Las medidas buscan abordar distintos desafíos que enfrenta el país en materia de justicia y administración pública.