California está considerando una prohibición que podría limitar el empleo en el sector público a personas que previamente trabajaron como agentes o contratistas de ICE (Immigration and Customs Enforcement). La propuesta apuntaría específicamente a aquellos individuos que participaron directamente en actividades de control migratorio. Esta medida busca restringir las oportunidades laborales en el gobierno estatal para quienes aplicaron las políticas de inmigración federales. Los defensores argumentan que la medida es necesaria debido a preocupaciones sobre derechos humanos y el trato a los inmigrantes. Los críticos, por otro lado, alegan que podría ser una discriminación y afectar la capacidad del estado para contratar personal calificado. La legislación, aún en discusión, generaría un debate sobre la ética y la legalidad de limitar el empleo público según el historial laboral en agencias de control migratorio como ICE. El impacto potencial en diversas agencias estatales aún está siendo evaluado.