El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó un edificio en el barrio de Núñez que se encontraba ocupado ilegalmente durante 30 años. La propiedad, en estado estructural precario, albergaba a más de 100 personas sin acceso a servicios básicos como luz o gas. La decisión de desalojo se tomó debido al riesgo inminente de colapso del edificio, poniendo en peligro la vida de sus ocupantes. Las autoridades porteñas evaluaron las condiciones del inmueble y determinaron que no era seguro para habitar. Se gestionó apoyo para los damnificados tras el operativo. Este incidente pone de manifiesto la problemática de la vivienda precaria y la ocupación ilegal en la ciudad.