El presidente boliviano, Rodrigo Paz, decretó un estado de excepción de 90 días en todo el país. La medida se produce tras seis semanas de bloqueos y protestas generalizadas contra las recientes reformas económicas implementadas por el gobierno. El estado de excepción otorga a las fuerzas de seguridad mayores poderes para mantener el orden público. Simultáneamente, se ha ordenado el retiro de las barricadas levantadas por los manifestantes en diversas ciudades. El gobierno justifica la decisión como necesaria para restablecer la estabilidad y el diálogo nacional. Las protestas han afectado significativamente la economía y el suministro de bienes básicos. Organizaciones sociales y la oposición han criticado el decreto, considerándolo una medida autoritaria.