El gobierno de Bolivia declaró el estado de excepción tras seis semanas de protestas persistentes, a pesar de la firma de un acuerdo de pacificación con la Central Obrera Boliviana (COB). Sectores movilizados decidieron continuar con las manifestaciones, desafiando el acuerdo alcanzado. El presidente boliviano ha acusado a grupos vinculados al narcotráfico de orquestar un intento de golpe de Estado. La medida del estado de excepción busca restablecer el orden público y la estabilidad en el país. La situación se mantiene tensa, con el gobierno alertando sobre posibles acciones desestabilizadoras. El decreto permite a las fuerzas de seguridad mayores facultades para controlar las protestas y garantizar la seguridad ciudadana.