A pesar de la prohibición, muchos usuarios continúan orinando en el mar en las playas españolas, enfrentando multas de hasta 1.500 euros. La práctica está prohibida a nivel nacional, pero además, cada municipio tiene la potestad de establecer sus propias regulaciones al respecto. Esta normativa busca preservar la calidad del agua y la higiene en las zonas costeras. Las autoridades locales están intensificando la vigilancia para hacer cumplir la prohibición. Las multas se imponen a quienes sean sorprendidos cometiendo la infracción. La legislación española permite a los ayuntamientos regular el uso de las playas para proteger el medio ambiente y la salud pública.