El gobierno argentino ha impuesto condiciones estrictas para autorizar la fusión entre las empresas de telecomunicaciones Telecom y Telefónica. La principal exigencia es la cesión de seis millones de líneas de telefonía móvil a un nuevo operador de mercado, buscando así fomentar la competencia. La medida busca evitar la creación de un monopolio y garantizar opciones para los consumidores. Telecom ha manifestado su desacuerdo, calificando la exigencia de desinversión como excesiva y potencialmente perjudicial para la viabilidad del acuerdo. La compañía argumenta que la solicitud podría afectar sus planes de inversión y desarrollo tecnológico. El gobierno, por su parte, defiende la medida como necesaria para proteger la libre competencia en el sector. La resolución final sobre la fusión dependerá de la respuesta de Telecom a las condiciones impuestas.