Un tribunal de apelaciones estadounidense ha aprobado una norma que amplía significativamente la política de expulsión acelerada. Esta decisión permite a las autoridades deportar a inmigrantes más rápidamente, incluso a aquellos que no han sido detenidos. La política, previamente limitada a inmigrantes detenidos, ahora se extiende a un grupo más amplio. Críticos argumentan que esta norma reduce las protecciones legales para los inmigrantes y dificulta su acceso a un debido proceso. El gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para gestionar la inmigración y asegurar la frontera. Se espera que la norma tenga un impacto considerable en el número de deportaciones en los próximos meses. La decisión podría enfrentar desafíos legales adicionales en el futuro.