El gobierno colombiano ha promulgado una ley antiterrorista que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y analistas políticos. La ley, considerada por muchos como carente de justificación sólida, podría criminalizar la protesta social y la defensa de derechos fundamentales bajo la figura del terrorismo. Organizaciones como La Silla Vacía advierten que esta normativa abre la puerta a la repetición de abusos cometidos en el pasado, donde la legislación antiterrorista se utilizó para perseguir a opositores políticos y líderes sociales. La ley establece definiciones amplias de terrorismo que podrían afectar negativamente la libertad de expresión y el derecho a la manifestación. Existe el temor de que la nueva legislación sea utilizada de forma selectiva para silenciar las voces críticas y reprimir la disidencia en Colombia. La comunidad internacional observa con inquietud el desarrollo de esta situación y sus posibles implicaciones para el estado de derecho en el país.