La reciente reorganización de contratos públicos en Hungría ha generado fuertes críticas. Según interpretaciones optimistas, la transición ha sido lamentablemente torpe. Sin embargo, voces más escépticas sugieren que el proceso ha replicado las prácticas prevalecientes durante los últimos dieciséis años bajo el gobierno de Fidesz. Esto implica la persistencia de un sistema basado en el amiguismo y la falta de transparencia en la adjudicación de contratos. La situación pone de manifiesto la dificultad de romper con patrones arraigados de corrupción y favoritismo en el sector público húngaro. Se cuestiona si los cambios implementados son genuinos o simplemente una fachada para mantener el statu quo. La percepción pública es clave para determinar la legitimidad del proceso.