La empresa Agrofert, perteneciente al primer ministro checo Andrej Babiš, podría pasar a ser propiedad de sus hijos. Esta decisión surge en un contexto de controversia y acusaciones de conflicto de intereses en relación con el uso de subsidios europeos. La declaración, que esencialmente indica que la transferencia se debe a un castigo paternal (“se han portado mal, es suyo”), ha generado críticas por su falta de seriedad y transparencia. La situación plantea interrogantes sobre la influencia de Babiš en la economía checa y la posible utilización de Agrofert para fines personales. Analistas sugieren que la transferencia podría ser un intento de eludir regulaciones y escrutinio público. El futuro de la empresa y su relación con el gobierno checo sigue siendo incierto. La reacción pública ha sido mayormente negativa, calificando la situación como un ejemplo de nepotismo.