El sindicato ACTU, impulsor de los cambios fiscales en la propiedad aprobados en el presupuesto de mayo, ahora enfoca sus esfuerzos en los derechos de los inquilinos y la vivienda pública. La organización propone un plan de arrendamientos a dos años como medida para proteger a los inquilinos de los aumentos abusivos (“gouging”) por parte de los propietarios. Este plan busca dar estabilidad a los inquilinos y evitar prácticas predatorias en el mercado de alquileres. Se espera que la propuesta genere debate sobre la regulación del alquiler y el acceso a una vivienda digna. ACTU considera que es un paso fundamental para mejorar las condiciones de vida de los inquilinos en la región. La iniciativa busca equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, garantizando un trato justo para ambas partes. Este movimiento subraya la creciente importancia de la defensa de los derechos de los inquilinos en el contexto actual.