Luís Rosa, Paulo Saragoça da Matta y Teresa Violante han analizado las diferentes garantías constitucionales que entran en juego en las manifestaciones en apoyo a la vivienda en Lisboa y Oporto. El análisis se centra en la legalidad de la intervención de la PSP (Polícia de Segurança Pública) al poner fin a los campamentos establecidos durante las protestas. Los expertos evalúan si las acciones policiales respetaron los derechos fundamentales de los manifestantes, como la libertad de expresión y el derecho de reunión. Se examinan los límites del derecho a la protesta en relación con el orden público y el derecho a la propiedad. La discusión busca determinar si la intervención policial fue proporcional y justificada a la luz de la Constitución portuguesa. Este análisis es crucial en el contexto del debate nacional sobre el acceso a la vivienda en Portugal.