La violencia que se está presenciando en Italia y en Europa merece una condena sin titubeos. El derecho constitucional a la manifestación pacífica es fundamental y, por definición, incompatible con las agresiones contra las fuerzas del orden y la destrucción de la propiedad pública y privada. Es crucial distinguir entre la protesta legítima y los actos vandálicos que buscan socavar el Estado de derecho. Las autoridades italianas y europeas deben garantizar la seguridad de los ciudadanos y el respeto a las libertades civiles. Se necesitan políticas claras y decididas para abordar esta problemática sin reprimir el derecho a la manifestación. La respuesta debe ser proporcional y respetar los principios constitucionales, enfocándose en identificar y sancionar a los responsables de los actos violentos. Es esencial proteger tanto la seguridad pública como el derecho a la libre expresión.