Varios países europeos están considerando permitir a los operadores de infraestructura crítica, como las empresas energéticas, el derecho a derribar drones. Esta medida responde a la creciente preocupación por ataques que podrían dejar a millones de personas sin electricidad en Europa. Las compañías del sector energético solicitan herramientas para proteger sus instalaciones de posibles amenazas. Sin embargo, persiste la inquietud sobre la responsabilidad legal en caso de que las intervenciones causen daños o lesiones a terceros. Reuters informa que la discusión se centra en el balance entre la seguridad energética y el riesgo asociado a la acción defensiva contra drones. La normativa al respecto aún está en desarrollo, y la cuestión de la rendición de cuentas sigue siendo un punto clave.