El parlamentario Przemysław Wipler, en Polonia, está siendo investigado por un posible conflicto de intereses. Empresas fundadas por Wipler y su colaborador Michał Krzymowski recibieron 6,7 millones de zlotys de entidades que posteriormente presentaron sus problemas a un equipo creado en el Sejm (Parlamento Polaco) por el propio Wipler. Esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad en la resolución de asuntos en el parlamento polaco. Entre los beneficiarios de esta presunta influencia se encuentran empresas de apuestas, fintech, una empresa de gestión de residuos, así como agencias de trabajo y organizaciones de empleadores. Se investiga si Wipler utilizó su posición para favorecer a empresas con las que está vinculado, generando una potencial falta ética y legal en el Sejm. El caso ha generado controversia y llamamientos a una investigación exhaustiva.