La organización ambientalista SOS Orinoco ha expresado su inquietud ante el reciente despliegue militar en las zonas mineras del estado Bolívar. La preocupación surge en el contexto de la concesión, en 2016, de más de 111.000 kilómetros cuadrados para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco. SOS Orinoco denuncia que esta concesión se realizó sin la debida aprobación legislativa ni la realización de estudios de impacto socioambiental. La organización exige al gobierno venezolano total transparencia sobre las razones y el alcance de la presencia militar en la región. Consideran fundamental informar sobre las medidas que se están tomando para proteger el medio ambiente y a las comunidades locales. La falta de información agrava la incertidumbre y el temor ante posibles impactos negativos derivados de la actividad minera y la militarización. SOS Orinoco busca garantizar la protección de este ecosistema estratégico.