El gobierno italiano ha presentado un decreto que regula el uso de la Inteligencia Artificial en diversos ámbitos, incluyendo la seguridad pública, la educación y el mercado laboral. La normativa aborda la gestión de datos biométricos y el empleo de software por parte de las fuerzas del orden. Según el ministro Mantovano, los procesos de selección para la gestión de estos datos y software estarán abiertos tanto a entidades públicas como privadas. El decreto también contempla la posibilidad de utilizar la IA para justificar despidos, generando debate sobre sus implicaciones éticas y laborales. Se busca establecer un marco legal que promueva la innovación responsable y proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los riesgos asociados a la IA. La regulación busca equilibrar la necesidad de aprovechar las ventajas de la IA con la protección de la privacidad y la seguridad.