La Corte Superior de Gauteng ha dictaminado que el municipio de Ekurhuleni debe reconstruir las viviendas de más de 570 familias desalojadas del asentamiento informal Chief Albert Luthuli. La decisión judicial subraya el incumplimiento del municipio con los derechos de los residentes afectados por el desalojo. El fallo implica una restitución de derechos para las familias desplazadas, quienes ahora tienen la garantía de una nueva vivienda. La corte determinó que el municipio no cumplió con sus obligaciones legales al llevar a cabo el desalojo sin proporcionar alternativas habitacionales adecuadas. Este caso pone de manifiesto las tensiones existentes en relación con la vivienda y los derechos de los residentes en asentamientos informales en Sudáfrica. Se espera que la reconstrucción de las viviendas comience en breve, brindando una solución a esta prolongada situación de vulnerabilidad. La sentencia sienta un precedente importante en la protección de los derechos de las comunidades marginadas.